Lucha de clases en la escuela pública (por Martín Caparrós)
Soy un producto de la escuela pública argentina y a veces, cuando me distraigo, me da orgullo; mi hijo también fue a la escuela pública y acaba de terminar su quinto año. Pero en las décadas que pasaron desde que empecé primer grado –inferior– nuestro sistema educativo cambió brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no soportaba más. Pero mis amigos y yo –hijos de la clásica clase media porteña– sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no: mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del Estado –y la mayoría no lo hace.
La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio. Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Las cifras precisan lo que ya sabemos: que los padres quieren mandar a sus hijos al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.
El fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más eficiente de producir esa relativa integración social que nos constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La educación pública servía para equilibrar, para integrar, para “redistribuir” –y para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no importara. Y, de hecho, no les importa a los que manejan el Estado: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados. Es una característica de muchos estados actuales –sus dirigentes no se incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan impuestos, no respetan sus leyes–y es curiosa: ¿quién se imagina al gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?
Así que tengo una propuesta populista para encarar la cuestión educativa. Es una ley que habría que votar cuanto antes: “Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado –de un nivel equis para arriba– manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la lucha de clases.
Soy un producto de la escuela pública argentina y a veces, cuando me distraigo, me da orgullo; mi hijo también fue a la escuela pública y acaba de terminar su quinto año. Pero en las décadas que pasaron desde que empecé primer grado –inferior– nuestro sistema educativo cambió brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no soportaba más. Pero mis amigos y yo –hijos de la clásica clase media porteña– sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no: mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del Estado –y la mayoría no lo hace.
La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio. Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Las cifras precisan lo que ya sabemos: que los padres quieren mandar a sus hijos al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.
El fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más eficiente de producir esa relativa integración social que nos constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La educación pública servía para equilibrar, para integrar, para “redistribuir” –y para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no importara. Y, de hecho, no les importa a los que manejan el Estado: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados. Es una característica de muchos estados actuales –sus dirigentes no se incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan impuestos, no respetan sus leyes–y es curiosa: ¿quién se imagina al gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?
Así que tengo una propuesta populista para encarar la cuestión educativa. Es una ley que habría que votar cuanto antes: “Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado –de un nivel equis para arriba– manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la lucha de clases.
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